El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y la delegada provincial de la empresa Clece, S.A., Elena Henríquez Díaz, firmaron en pasados días, un convenio de colaboración para la inserción laboral en esta empresa de personas pertenecientes a colectivos vulnerables. Este convenio, ha sido impulsado a través de la Consejería de Bienestar Social y Sanidad que dirige Marciano Acuña, y apoyado por la Consejería de Empleo que tutela el vicepresidente primero de la Corporación, Joaquín Caraballo.
A través de este convenio, el Cabildo propondrá a la empresa Clece candidatos pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social, a personas víctimas de violencia de género y a personas que sufren algún tipo de discapacidad psíquica, física o sensorial para su posible contratación en esta empresa de multiservicios, especializada en la gestión de personas y la optimización de recursos. Clece presta servicios en varios ámbitos de actuación, como los servicios sociales, logística, restauración social, servicios aeroportuarios, servicios educativos, servicios energéticos, de seguridad, mantenimiento, servicios medioambientales y, entre otros, de centro especial de empleo. Esta empresa de ámbito nacional, perteneciente al grupo ACS, hace un ejercicio de responsabilidad y compromiso con la sociedad promoviendo diferentes acciones orientadas a la integración laboral de este tipo de colectivos socialmente vulnerables.
El consejero de Bienestar Social de la primera Institución insular destacó que “aunque el Cabildo ya viene colaborando desde hace tiempo con esta empresa, ahora se formaliza e instrumentaliza mediante este convenio de colaboración el compromiso que mantiene esta entidad con el Cabildo y, por tanto, con la sociedad insular”.
Marciano Acuña trasladó un mensaje e invitación a otras empresas que realizan servicios similares en la Isla de Lanzarote a que “se animen a suscribir compromisos y convenios de colaboración con la Institución de este tipo, ya que en definitiva están ayudando a que personas con ciertas dificultades o en riesgo de exclusión social accedan a un puesto de trabajo”.
El convenio tendrá una duración de un año y será prorrogable anualmente, salvo denuncia expresa de alguna de las partes. Salvo dicho compromiso expreso de la empresa, no conlleva contraprestación económica alguna para las partes.
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