La Comunidad Autónoma ha remitido firmado el convenio con el Estado para el uso del Sistema de Información de Usuarios/as de Servicios Sociales SIUSS.
La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias está dando los últimos pasos en el convenio con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para implementar el Sistema de Información de Usuarios/as Servicios Sociales (SIUSS), con la firma de dicho convenio y su remisión al Estado por parte de la consejera, Noemí Santana, lo que permitirá mejorar la atención a las personas en los servicios sociales, especialmente los de atención primaria y comunitaria.
Según explicó el director general de Derechos Sociales e Inmigración, Javier Bermúdez, “la firma de este convenio de colaboración con el Ministerio permitirá a Canarias contar con un programa informático para la mejora de la atención y la gestión de los servicios sociales, permitiendo la recogida de información, la intervención con las familias, y proporcionando datos que nos permitan planificar el sistema en función de las necesidades sociales detectadas”.
“La puesta en marcha de este sistema único nos permitirá garantizar, de forma ágil y eficaz, la atención que se los ofrece a las personas usuarias de los servicios sociales facilitando la atención coordinada de las personas que se encuentra en situación de riesgo o de exclusión social”, matizó,
Dicha herramienta será puesta a disposición de ayuntamientos y cabildos para que dispongan de un sistema de gestión común. En la actualidad muchos ayuntamientos no disponen de un sistema de información propio de servicios sociales, teniendo que hacer uso de gestores de expedientes genéricos no especializados. Se trataría de hacer uso de una herramienta común, que además vendrá acompañada de cursos de formación para el personal de servicios sociales y un soporte de ayuda para la resolución de dudas.
Con este convenio Canarias avanza en la conformación de un sistema único de información y de la historia social única, tal y como marca la ley de servicios sociales, similar al que se dispone en Sanidad, que permita tener un historial social completo de la persona, compartido por todas las administraciones públicas con competencias en materia social, que mejore la intervención, agilice la carga burocrática y permita una mejor coordinación de las distintas administraciones públicas.
“Se trata, pues, de avanzar un modelo de intervención común en que todos los Ayuntamientos y el resto de Administraciones públicas accederán a la información sobre la persona evitando que esta tenga que comenzar desde cero cuando se cambia de municipio o cuando es atendida en el ámbito social por otra administración distinta a la municipal”, indicó Bermúdez.
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