El Cabildo de Lanzarote ha remitido hoy un extenso informe dirigido al presidente de la Comisión Europea, el popular Jean Claude Juncker, con la descripción pormenorizada de todas las irregularidades en las que el Gobierno de España habría podido incurrir para autorizar a Repsol a iniciar tres perforaciones en Canarias durante el próximo mes de noviembre.
El pasado 23 de septiembre, cuatro grupos políticos del Parlamento Europeo que abarcan el 48% de los 751 diputados, acordó dirigirse por escrito al presidente Juncker para solicitar una audiencia urgente donde hacerle entrega de un exhaustivo informe sobre las prospecciones en Canarias. La propuesta tuvo su origen en el segundo encuentro promovido en Bruselas por el Cabildo de Lanzarote para tratar de dirimir un proceso administrativo que, hasta la fecha, ha sido imposible acometer en España porque las autoridades que debían velar por la transparencia y la legitimidad de los procedimientos son las mismas que han sido denunciadas. El encuentro en la capital belga sumó la participación de numerosos parlamentarios, técnicos, organizaciones no gubernamentales de toda Europa, y colectivos sociales de Canarias, Baleares y otras regiones de España.
Los grupos firmantes de la misiva dirigida al presidente de la Comisión Europea –Izquierda Unitaria Europea, Demócratas Liberales, Los Verdes, y los Socialdemócratas–, presentaron su carta el martes 30 de septiembre con la intención de que la audiencia solicitada se produzca entre la presente semana o la siguiente. El informe remitido hoy desde Lanzarote posee 11 anexos con más de 60 informes técnicos para documentar con precisión no sólo las irregularidades que España ha podido cometer en los procedimientos cursados por los Ministerios de Medio Ambiente y de Industria, sino también para acreditar las falsedades de Repsol en sus informes, y un escenario de riesgos y de impactos que nada tienen que ver con los reflejados en el Estudio de Impacto Ambiental por la petrolera.
Para la Corporación lanzaroteña, el Gobierno de España habría vulnerado en este procedimiento hasta cuatro Directivas:
1.- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
2.- Directiva Hábitat, 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, en sus anexos II y IV.
3.- Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos.
4.- Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva 2004/35/CE.
La gravedad de estas autorizaciones es especialmente notoria puesto que la Declaración de Impacto Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, en la que de forma sorprendente otorgaba luz verde a las perforaciones de Repsol en una zona de la máxima relevancia mundial por su biodiversidad y por la presencia de cetáceos, fue tramitada por el señor Miguel Arias Cañete mientras era ministro de Medio Ambiente y propietario de acciones de dos empresas petroleras con intereses en Canarias.
Por otro lado, el 8 de octubre, el Cabildo de Lanzarote remitió a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, un documento con las alegaciones al borrador de Orden Ministerial para la inclusión en la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) del espacio ESZZ15002 Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura, denunciando que el Ministerio de Medio Ambiente redujo en 2012 a la mitad el espacio inicialmente propuesto por ese mismo ministerio en 2011 para poder autorizar las tres catas a Repsol. Las alegaciones reclaman que se restaure la superficie contemplada y justificada por Medio Ambiente en el año 2011 para este LIC, tras un gasto en investigación de 800.000 euros desde 2004, más 15,4 millones de euros por el Programa LIFE-INDEMARES.
En otro sentido, la Corporación insular presentó en las últimas semanas un recurso de alzada contra la Resolución de Industria, un incidente de nulidad ante el Supremo que abre la puerta a un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional que está siendo redactado en la actualidad por los servicios jurídicos del Cabildo. La institución lanzaroteña aprovecha esta ocasión para mostrar su decidido apoyo a la movilización ciudadana del próximo sábado 18 de octubre en las islas, para manifestar de nuevo el rotundo rechazo al atropello y a la amenaza ambiental y humana que entrañan las operaciones de Repsol frente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
No Comment! Be the first one.