El Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos de la isla se comprometieron a reactivar la Mesa Insular contra la violencia de género, constituida en acuerdo plenario en marzo de 2013, en el transcurso de la última sesión de la Mesa insular que reúne a la presidenta de la Primera Institución y a la alcaldesa y los alcaldes de las Corporaciones locales de la isla.
La Mesa Insular contra la violencia de género servirá para dar un impulso a los convenios y protocolos vigentes con los gobiernos Central y Autonómico y para fomentar iniciativas que sirvan para favorecer la igualdad de oportunidades entre las personas, sobre todo, desde edades tempranas. Además, permitirá la creación de una red de protección efectiva y eficiente para las víctimas de la violencia de género y de sus hijas e hijos en cualquier punto de la geografía insular.
Contará, asimismo, con el respaldo de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, a través de la Dirección Insular de la Administración General del Estado.
Sistema VIOGEN
En esta misma línea, durante la reunión, el director insular de la Administración del Estado, Juan Ramón Pérez, explicó que los cuerpos de policía local de los municipios de San Bartolomé y Arrecife ya se han adherido al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (VIOGEN). Creado en 2007 por el Ministerio del Interior, este programa reúne información sobre cada caso; hace predicciones de riesgo; realiza el seguimiento y la protección de las víctimas en todo el territorio y efectúa labores de prevención emitiendo alertas y alarmas cuando detecta alguna incidencia que pueda poner en peligro a la víctima. Pérez se interesó, además, por el estado de los expedientes y las dificultades que ha encontrado el resto de municipios de la isla para incorporarse a este programa.
En este sentido y tal y como ya se ha informado, el Cabildo de Lanzarote y el Instituto Canario de Igualdad han iniciado ya los trámites para suscribir el protocolo que regule las pautas y criterios de adhesión a este Sistema y la incorporación al mismo de usuarios y usuarias adscritos a los servicios sociales especializados de la Comunidad Autónoma Canaria.
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