Los populares celebran la sensibilidad del Gobierno de Sanchez con Canarias al otorgar un paquete de ayudas directas a Canarias por 1.144 millones de euros. Lamentan que estas ayudas llegan tarde, cuando hace más de un año el PP había solicitado ayudas directas por valor de 50.000 millones y además son discriminatorias. Solo un 27% de las empresas canarias puede optar a ellas.
Desde el PP se exige que los 1.144 millones fijados en el RDL 5/2021 deben ser gestionados en un entorno seguro para las empresas, pymes y autónomos atendiendo a la singularidad de Canarias.
El PP ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir el “confuso” Decreto de ayudas a las empresas.
Los diputados nacionales del PP, Ana Zurita y Sebastián Ledesma han celebrado que Gobierno Central disponga de un rescate en ayudas directas a las empresas, autónomos y en definitiva a quienes desarrollan actividad económica por un monto de 1.144 millones de euros.
Cantidad que a juicio de Ana Zurita sería la necesaria para que llegaran a las empresas las ayudas urgentes para que empresas, autónomos y los sectores económicos más castigados por la pandemia no siguen perdiendo liquidez y no se destruya más empleo en las islas.
Desde los Populares se lamentan que durante más de un año se hayan rechazado la propuesta del Partido Popular de hacer efectivos 50.000 millones de euros en ayudas, un plan de choque integral con bajada de impuestos a empresas y autónomos, y ahora el Gobierno proponga un paquete de 7.000 millones cuando ya se han destruido mas de 100.000 empresas a nivel nacional y en Canarias se cierran a razón de 12 empresas al día.
Siendo ademas medidas que generan una gran inseguridad en el sector por ser medidas discriminatorias donde se quedan fuera un gran número de empresas castigadas por la crisis, siendo solo un 27% las beneficiarias del total de las empresas canarias. (23.470 posibles beneficiarias, según criterio de actividad.
Ana Zurita ha mostrado una gran preocupación por el análisis de resultados de los dos únicos paquetes de ayudas directas que ha lanzado el Gobierno central desde el inicio de la pandemia y que han denominado el “Escudo Social”, las que se suponían “ayudas sociales inmediatas” Ingreso Mínimo Vital y ayudas a la vivienda.
A esto se suma, con respecto a Canarias el Plan estratégico de Turismo para el que el Gobierno anunció 4.200 millones de euros y nos hemos quedado con 20 millones en los PGE 2021.
Ninguna de estas ayudas ha funcionado y esperamos que las “ayudas a la solvencia de empresas” corran mejor suerte.
A los populares les preocupa la eficiencia de esas ayudas y los procedimientos para su obtención que hacen que sean ineficaces y no lleguen a los ciudadanos.
Como ejemplo las ayudas a la vivienda: de los 2.000 millones de euros en avales del Gobierno para microcréditos ICO para ayudas al alquiler, únicamente se han dispuesto unos 42 millones en unos 7.000 préstamos según la propia información facilitada por el Ejecutivo.
En Canarias más de 6.000 personas esperan aún la concesión de ayudas que el gobierno y ni siquiera tiene capacidad para gestionar.
Ante esa ineficiencia en las ayudas, el gobierno se ve en la obligación de hacer un nuevo RDL de prohibición de desahucios donde tampoco se contemplan medidas de compensación al arrendador que también puede ser vulnerable.
Así las cosas aún estamos esperando el RDL que garantice las compensaciones que tenía que haberse presentado antes del 22 de Enero de 2021 y que desde el Grupo Parlamentario Popular hemos exigido la Convocatoria de la Conferencia Sectorial de Vivienda para garantizar al menos la disponibilidad de los fondos con cargo al Plan Estatal.
Las supuestas medidas de protección de deudores hipotecarios.
En el primer semestre de 2020 se incrementaron las peticiones un 34,9% respecto al año anterior, sin embargo los resultados se han desplomado a la mitad un 51,7% menos de reestructuraciones de deuda, siendo el principal motivo de denegación es que no se acreditaba una alteración significativa de las condiciones económicas de la Unidad familiar.
El ingreso mínimo vital.
De 40.000 solicitudes, 3000 se han resuelto favorablemente. Es uno de los dramas sociales más acuciantes como sociedad. En Canarias se deniega el 80% de las solicitudes presentadas.
Con estos antecedentes desde el Partido Popular hay mucha desconfianza en que este Decreto de ayudas a la solvencia empresarial pueda ser efectivo.
Por otro lado, los cargos públicos del PP han condicionado a que el reparto previsto de 1.144 millones de euros fijados en el RDL 5/2021 deben tener como premisa la creación de un entorno seguro para el colectivo económico independientemente del sector del que se trate.
Ana Zurita: “Todo está vinculado a la actividad turística por lo que se deben poder modificar las actividades relacionadas en el anexo. Las ayudas deben llegar lo antes posible a todas las empresas que lo necesiten, a todos los sectores, sin discriminación por códigos de actividad ni condiciones económicas generalistas.
Así las cosas vamos a exigir que no se excluyan a empresas ni a autónomos por la naturaleza de su actividad, que se hagan unas condiciones específicas para Canarias y que haya interlocución directa con el Ejecutivo de las Islas.
Sebastian Ledesma ha hecho hincapié en que es impensable que de los 538 códigos de actividad, solo tengan ayudas los 95 que se especifican en el anexo del decreto.
Es imprescindible clarificar las condiciones de acceso a las ayudas para empresas que son imprescindibles en la economía canaria.
El Partido Popular ha presentado medidas específicas para la inclusión del 100% de la hostelería, las actividades comerciales, los gimnasios, centros de estética y actividades vinculadas al sector primario, sustitutos económicos de la actividad turística cuya solvencia es imprescindible mantener.
Para los populares, si bien aceptan la deferencia del Gobierno en que Canarias, tenga un trato diferenciado en las cuantías (1.144 millones), el sistema de adjudicación es una autentica chapuza y corremos el peligro de que nuestras empresas se que queden fuera, como ha ocurrido con el “escudo social” a las personas.
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