El Cabildo de Lanzarote ha trasladado al Gobierno de España su máxima preocupación por los problemas que la petrolera haya podido tener durante su primera perforación en aguas profundas de Canarias, al permanecer atascada en la cota de 3.000 metros desde hace 21 días. La administración insular canaria manifiesta además su profundo malestar y rechazo por la falsedad grave y reiterada de las manifestaciones de Repsol sobre las prospecciones que acomete en Canarias. La multinacional ofrece respuestas sobre las operaciones de perforación y sus niveles de seguridad que no solamente no puede probar, sino que resultan del todo incomprensibles y confusas, y afectan de forma explícita a las investigaciones abiertas en distintos foros europeos que analizan las denuncias internacionales en curso contra las operaciones de Repsol. Los riesgos y la gravedad de la amenaza que entrañan las operaciones petrolíferas en Canarias no pueden permanecer bajo el control de una compañía que ha perdido toda su credibilidad por la reiterada falsedad de sus campañas y manifestaciones.
Tras iniciar la perforación a 55 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura a un ritmo de 89 metros diarios durante el primer mes, Repsol se ha atascado en la cota de 3.000 metros desde hace 21 días, concretamente desde el 19 de diciembre. La petrolera ha reconocido que el 19 de diciembre sus taladros habían alcanzado una profundidad de 2.756 metros; diez días más tarde, el 29 de diciembre, fuentes de la petrolera afirmaban que en realidad estaban a 2.740, y el pasado viernes 9 de diciembre, trascurridos 21 días desde la primera referencia de esta cota, la petrolera reconoce que aún no ha superado esa profundidad para poder alcanzar los último 170 metros que restan hasta el nivel máximo autorizado para este pozo, situado a 3.170 metros.
La Oficina de Acción Global recuerda que Repsol ha generado en diversos países del mundo al menos 6.985 derrames durante un periodo de solo cuatro años (2006-2010); ha sido sancionada por contaminación hasta en dos ocasiones por Consejo de Ministros del Gobierno español y por la Generalitat de Cataluña a causa de vertidos de hidrocarburos en Tarragona, enclave donde ha registrado decenas de derrames en los últimos 20 años y por los que la petrolera ha tenido que indemnizar también al sector pesquero de este litoral. Entre 2012 y 2013, Repsol ha sufrido –que se conozcan- derrames de crudo al medio natural en Alaska (2012 y 2013), en Perú (2013) y también en Tarragona (2012).
Pero, de todas las promesas incumplidas por Repsol en el conflicto de Canarias, una de las más graves es la relativa a la generación de empleo. La multinacional comenzó hablando de 52.000 puestos de trabajo cuando hoy, al término de la primera prospección, ni siquiera han contratado a 50 personas de las islas; la práctica totalidad de los más de 300 trabajadores involucrados en la perforación del pozo Sandía son americanos, ingleses, angoleños, daneses, noruegos y de otras muchas nacionalidades, pero los trabajadores de Canarias representan una cifra irrisoria que además habrán sido empleados durante un máximo de 3 ó 4 meses. Las declaraciones del presidente de la petrolera, Antonio Brufau, o de su portavoz Javier Moro, afirmando que Canarias no puede permitirse rechazar las prospecciones por el alto nivel de desempleo que tienen las islas, constituyen un insulto de la máxima gravedad hacia la población de las islas y un despropósito inaceptable por jugar con las expectativas de decenas de miles de personas sin trabajo a los que han hecho creer falsamente que las prospecciones podrían darles un empleo.
En relación a las inversiones, el presidente de Repsol anunció en 2012 una inversión de 10.000 millones de euros en las prospecciones Canarias, aunque pocos meses después la propia compañía reducía esa inversión a la mitad. Otro portavoz, Javier Moro, afirmaba que el coste del sondeo en las islas era de unos 100 millones de euros, es decir, 100 veces menos que lo anunciado por su presidente.
Repsol proclama también que las empresas mineras pagan un 85% en gastos e impuestos, afirmando además que, de este capital, un 70% podría quedarse en Canarias, pero ninguna de las dos afirmaciones son ciertas. La multinacional se beneficia de exenciones fiscales que no se aplican a la inmensa mayoría de las empresas españolas, y tributa al fisco con impuestos que rondan valores del 15 ó 20%, pero nunca con el 70% como declara la petrolera.
Repsol afirmaba en su reciente campaña publicitaria que “el barco de Repsol no se vería desde la costa”, afirmación que también se ha demostrado falsa al poder observarse el buque Rowan Renaissance en múltiples ocasiones de día, y especialmente de noche con total claridad y precisión.
El Cabildo de Lanzarote lamenta que Repsol se haya negado sistemáticamente a celebrar un debate abierto, público, con luz y taquígrafos, exigido desde marzo de 2012 por la corporación insular, a la vez que denuncia que aunque Repsol está obligada moral y socialmente a otorgar un trato transparente y abierto a la ciudadanía de las islas para explicar su proyecto, la realidad es que no ha sido así, y esa actitud es, entre otras, la que genera alarma social y temor ante el manejo de operaciones que entrañan alto riesgo para el medio natural de las islas y del que no informan excepto en sus boletines maquillados al efecto.
Ante las últimas manifestaciones de los portavoces de Repsol, el Cabildo de Lanzarote recuerda que quien genera alarma social y amenaza los intereses vitales de las islas es Repsol y el Ministerio de Energía, Industria y Turismo, responsables directos de imponer una actividad industrial altamente peligrosa y rechazada desde hace 14 años por la abrumadora mayoría de la sociedad canaria. El Cabildo de Lanzarote intensifica este mes de enero los contactos en Madrid, en Europa y en EEUU para lograr nuevos y destacados apoyos en diversos foros medioambientales, políticos, científicos y empresariales, denunciando las prospecciones de una petrolera que constituye un riesgo inasumible para los intereses de las islas.
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