La mayoría de las consultas han tenido que ver con asesoramiento sobre reclamaciones, coberturas de pólizas, subvenciones e indemnizaciones frente a daños.
El servicio de asesoría jurídica gratuita para damnificados por la erupción del volcán, implantado por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma, ha atendido 1.700 casos desde que el pasado octubre entrara en funcionamiento.
“Especial importancia han tenido las solicitudes de indemnizaciones al Consorcio de Compensación de seguros sobre trámites de peritación”, explica Juan Antonio Rodríguez, decano de Santa Cruz de la Palma, que cuenta que el Consorcio ha denegado muchas reclamaciones asegurando que los edificios solo han sido afectados parcialmente. “Ante esto, hemos solicitado informes a las Fuerzas de Seguridad del Estado para demostrar que lo que acredita el Consorcio no es la realidad”.
La titularidad de las fincas, y la dificultad para probarla en muchos casos, también ha dado origen a muchas consultas. “En una misma parcela de suelo rústico hay tres edificaciones y se desestiman todas aquellas que se construyen más arriba de la primera unidad familiar de un mismo inmueble. Solo ésta acredita el título del dominio del terreno”, cuenta el decano.
También se han atendido situaciones relacionadas con familia, guarda y custodia, modificaciones de medidas e incluso violencia de género, porque, como señala el decano, “el estar viviendo en un espacio más reducido que no reúne las condiciones para convivir ha aumentado este tipo de delitos”.
Tras el fin de la erupción se siguen atendiendo casos. “Ahora estamos realizando orientación jurídica a grupos de afectados, por ejemplo a los desalojados de Puerto Naos, en temas de alquileres y cláusula rebus”, cuenta Dulce García, diputada primera del Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma, quien señala que en la actualidad están volcados en la ayuda frente a ERTES y en acuerdos con bancos para conseguir la suspensión de plazos en las hipotecas, así como en explicarle las principales novedades legislativas, así como las diferentes ordenanzas locales y parámetros de construcción de cada uno de los Ayuntamientos afectados.
El servicio de asistencia jurídica gratuita se ha prestado en los Llanos de Aridane y en la propia sede colegial de Santa Cruz de la Palma, y también de forma telefónica y telemática. Son conscientes de que, ante la alta demanda, tendrán que reforzar el servicio. El Colegio ofreció una formación específica para todos los abogados que se ofrecieron voluntarios para prestar el servicio.
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