El vicepresidente subraya que Canarias ha estrenado un nuevo procedimiento que facilita al consumidor las transacciones
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó hoy en el Parlamento la apuesta del Gobierno de Canarias para impulsar el comercio electrónico, que durante el año 2019 -sin pandemia- movió en el Archipiélago 2.000 millones de euros.
Rodríguez precisó que el Ejecutivo sigue trabajando para facilitar este tipo de transacciones y eliminar determinadas trabas burocráticas que impiden su pleno desarrollo, lo que ha llevado a la implantación de un sistema que permitirá al importador -es decir al consumidor- realizar por sí mismo el autodespacho de la mercancía, evitando los sobrecostes endosados por los transportistas. Para realizar este trámite, activado por la Agencia Tributaria Canaria, solo se necesita un sistema electrónico de identificación personal y el número del envío que facilita el vendedor.
Señaló, además, que Canarias seguirá conservando la franquicia de 150 euros para las transacciones de bajo valor, mientras que en todo el territorio de la Unión Europea se ha eliminado la que existía de 22 euros.
Por otro lado, el vicepresidente apeló hoy a promover la competencia en el sector de la distribución de combustibles en las islas de La Gomera, El Hierro, La Palma y Lanzarote, de modo que ésta actúe como elemento regulador del mercado y se reduzcan los precios actuales.
Rodríguez aseguró que, aunque se está consolidando una diferencia de precios entre las denominadas Islas Verdes y Lanzarote con respecto al resto, la solución que pueden dar las administraciones queda limitada por la normativa europea sobre un producto que está completamente liberalizado y sometido a las reglas del mercado.
El vicepresidente recordó que, aún así, el Gobierno de Canarias presupuestó el año pasado 1,5 millones de euros para contribuir al transporte del combustible, que finalmente no pudieron ser ejecutados puesto que la Unión Europea considera ilegal este tipo de ayudas.
Además, el Ejecutivo autónomo encargó la realización de un estudio al respecto, que concluyó en que la diferencia de precios entre las Islas no obedecía a un sobrecosto del transporte o del almacenamiento, sino simplemente a la falta de competencia.
“Ante esta situación -añadió- no nos queda otra que alentar la búsqueda de empresas que deseen competir con las que ya están instaladas, de modo que la competencia genere automáticamente una reducción de los precios”.
El vicepresidente subrayó también que una eventual reducción de los impuestos que gravan el combustible no garantiza una bajada efectiva de los precios, “sino que, al contrario, puede provocar un efecto perverso si las empresas no repercuten esa bajada y el diferencial pasa a engrosar su cuenta de resultados”.
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