Manuela Armas y Rosa Aguilar firman un convenio para el desempeño de estas investigaciones, lideradas por María Isabel Navarro
El documento tiene una vigencia de cuatro años y está dotado con una partida presupuestaria de 339.510 euros
La consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, y la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, han suscrito un convenio de cooperación cuyo fin es el desarrollo de investigaciones relacionadas con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica de Canarias, trabajos que conformarán el Catálogo de vestigios franquistas de todas las islas.
La Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, a través de su Dirección General de Patrimonio Cultural, tiene encomendada la realización de estos trabajos, encargados a la Universidad de La Laguna, inventariando los símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas del archipiélago, tal y como establece la Ley 5/2018, de 14 de diciembre de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.
Durante su intervención, la consejera remarcó la necesidad de “recordar para no repetir errores y avanzar” y, en este sentido, destacó otras iniciativas que impulsa la Consejería, como el proyecto “Archipiélago Memoria”, cuyo objetivo es la promoción entre alumnado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional del análisis de la historia reciente de Canarias, así como fomentar principios y valores democráticos, propios de una ciudadanía crítica, para contribuir al conocimiento del pasado y la reflexión sobre el presente.
Son los mismos principios, insistió Armas, que forman parte del objetivo general del convenio que sellamos hoy la Universidad de La Laguna y el Gobierno de Canarias, interpeladas por la necesidad de investigar en materia de memoria histórica y para el reconocimiento y reparación moral de las víctimas. Añadió que “no se trata de abrir viejas heridas, sino de cerrarlas, ni de agitar banderas ideológicas, sino de engranar las herramientas de una convivencia pacífica con conocimiento y pedagogía”.
El viceconsejero, Juan Márquez, señaló que, con esta firma, se da continuidad a un trabajo que empezó por Santa Cruz de Tenerife y que se quiere continuar “con la misma metodología y rigor científico con el que se hizo este catálogo”. Este convenio, agregó, “nos va a permitir trabajar en toda Canarias con un grupo de profesorado especializado”, una labor que se prevé “compleja” y que se prolongará hasta 2025, en la que la Dirección General de Patrimonio Cultural se compromete también con una aportación económica dirigida a todos aquellos recursos humanos y materiales “que necesitamos para elaborar ese catálogo”.
De este convenio, Márquez puso en valor que “dignifique la memoria, la reparación y el reconocimiento de víctimas del franquismo; lo tiene que estar por encima de cualquier otro interés político, electoral, o de cualquier intento de enfrentamiento insularista o territorial”, y agregó que “no se trata de abrir heridas, si no de poder cerrarlas dignamente”.
Por su parte, la rectora agradeció la sensibilidad de la Consejería en este asunto y que recurra al conocimiento científico en el entorno universitario para conocer la impronta del régimen franquista en las islas. El primer paso, explicó, será la catalogación que llevarán a cabo los científicos del ámbito de la historiografía sobre la intervención realizada en el patrimonio urbano por este régimen. “No se trata de una cuestión ideológica, subjetiva ni opinable”, manifestó al tiempo que anticipó que la ULL llevará a cabo un “estudio riguroso”.
María Isabel Navarro, en calidad de Investigadora Principal, el Dr. Ricardo Guerra Palmero, y los investigadores Jesús Pérez Morera, Profesor Titular de Historia del Arte, Domingo Gari-Montllor Hayek, Profesor Titular de Historia Contemporánea y la Dra. Yolanda Peralta Sierra, forman el equipo de investigación y para la elaboración de los contenidos previstos en la Ley, aplicando los aspectos definidos en los artículos 12, 16 y 17, esto es, la investigación y elaboración del Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, así como su preparación para ser hecho público a través de la web corporativa del Gobierno de Canarias. Así mismo, los resultados se incluirán en los fondos del Centro Virtual Documental de la Memoria Histórica de Canarias y se crearán contenidos curriculares de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, orientados a la divulgación de los principios y valores expresados en dicha norma; además de la elaboración de contenidos para las titulaciones universitarias, así como el fomento de la investigación científica sobre estos.
Dicha investigación conllevará, entre otros aspectos, la consulta de fuentes documentales, entre otras, actas y acuerdos municipales, en especial del periodo 1936-1945 o de las fechas que se requieran, expedientes de depuración de empleados, con los respectivos testimonios de los acuerdos adoptados en comisión permanente o plenos; expedientes de concesión de honores y distinciones y administrativos personales sobre alcaldes y concejales, así como documentación, si la hubiere, sobre la toma del poder municipal por las distintas gestoras entre 1936 y 1945. También se consultarán documentos de las comisiones encargadas de la denominación de calles, espacios públicos e iniciativas monumentales o memorialísticas. Comunicaciones con cabildos, Gobierno Civil, Comandancia-Capitanía o Mando Económico y otras autoridades (FET-JONS, asociaciones de excombatientes, etc.) sobre obras, fiestas, actos, solicitudes o colaboración con prácticas de depuración o represión y otras fuentes documentales que pudieran aportar información sobre los contenidos previstos en la Ley 5/2018.
Este convenio tiene una vigencia de cuatro años y está dotado con una partida presupuestaria de 339.510 euros
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