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Gran acogida por parte del público de las jornadas sobre los costes económicos y sociopolíticos organizadas por la FCM en la que participaron destacados economistas, fiscales y magistrados

Gran acogida por parte del público de las jornadas sobre los costes económicos y sociopolíticos organizadas por la FCM en la que participaron destacados economistas, fiscales y magistrados

Las jornadas “Calidad de las instituciones democráticas y efectos de la corrupción. Costes económicos e impacto sociopolítico”, organizadas por la Fundación César Manrique (FCM) los días 20 y 21 de noviembre en el contexto de la conmemoración del centenario del nacimiento de César Manrique, comenzaron con la presentación del director de la Institución, Fernando Gómez Aguilera, quien recordó cómo la corrupción afecta al funcionamiento de la democracia y de la economía, así como a la igualdad y a las políticas públicas de servicios sociales, deteriorando además la confianza social y política.

Gómez Aguilera señaló con datos estadísticos que el coste social de la corrupción en Canarias es el mayor de España y repasó brevemente los casos de corrupción en Lanzarote, “que se ha consolidado, por desgracia, como un laboratorio de corrupción”, con unas raíces caciquiles no resueltas y con una sociedad acostumbrada a mirar para otro lado, aunque también la isla se proyecta como un centro de interés en la lucha contra la corrupción con jueces y fiscales admirables.

A continuación tomaron la palabra los profesores Francisco Alcalá y Fernando Jiménez, autores  del informe “Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción” para exponer sus conclusiones. En su trabajo comparan la calidad de las instituciones en España con las de otros países, cuantificando el coste y proponiendo mejoras. El estudio se hace en base a seis indicadores: democracia y libertades públicas, estabilidad política y ausencia de violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria, respeto a la ley y los contratos y control de la corrupción.

El catedrático Carlos Sebastián abrió el turno en la segunda parte de la jornada, dedicada al análisis económico de la corrupción, que contó con tres intervenciones. Aseguró que la mala calidad institucional conduce a la desigualdad, que junto con el cambio climático son los dos grandes problemas del mundo hoy, y el incumplimiento de las normas es una de las características de esta baja calidad institucional. La desigualdad es un problema moral, pero también económico ya que la mala distribución de la riqueza tiende a perpetuarse y los grupos con más renta introducen sesgos en la legislación a su favor, puntualizó.

Para el economista y Premio Nacional José Manuel Naredo, el enfoque económico ordinario no sirve para profundizar en esta cuestión y por eso ha elaborado, en su último libro, una taxonomía del lucro, partiendo de la paradoja de que la economía, como ciencia del lucro, no clasifica sus formas. La corrupción, según Naredo, puede ser legal, tiene un gran peso en la economía, un carácter sistémico y alcanza a todos. “Las empresas más eficientes o con más rentabilidad son las empresas más corruptas”, concluyó.

El último de los ponentes de la primera sesión de estas jornadas, Federico Aguilera Klink, afirmó que la corrupción es una traición a la comunidad y un secuestro democrático. Además, cuestionó la clasificación de Transparencia Internacional sobre corrupción porque considera que en países como Gran Bretaña, en realidad está institucionalizada. Aguilera dijo interesarle la corrupción legal que, a su juicio, se materializa por ejemplo en el tratado de Maastricht, que obliga a los países a endeudarse de una forma concreta para favorecer a la banca o el rescate a la banca, “que es una estafa”, o las tarifas eléctricas, que son un “robo legal”.

La segunda jornada comenzó con la intervención del catedrático de la ULPGC y vocal del Consejo Consultivo de Canarias  José Suay, enfocada “desde el otro lado del espejo”, el de la perspectiva jurídica. Señaló que el Derecho Penal debe tratar de impedir que se desarrolle la corrupción, pero cuestionó si lo puede hacer cuando los pleitos se alargan tanto. En este mismo sentido se expresó Concepción Sabadell, fiscal del caso Gürtel, quien aseguró que con los instrumentos con los que cuenta ahora la Justicia, “la tardanza es inevitable” porque hay que hacer muchos tipos de diligencias. La fiscal apuntó que desde 2009 se ha ido avanzado en la lucha contra la corrupción y destacó la importancia de dar visibilidad a los casos de corrupción por la necesaria presión de la sociedad civil.

El juez Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel, reveló a la sala durante su ponencia la sensación de hartazgo que le suscita hablar siempre de los mismos problemas sin que estos se solucionen y criticó que estas cuestiones no estuvieran en la agenda política. Por otro lado, Ruz afirmó que se puede buscar una mayor agilidad en el proceso penal, sin embargo considera que para ello hay que profundizar en la eficiencia del sistema judicial. Se refirió a la corrupción sistémica o masiva de Lanzarote y subrayó, frente a ello, la eficiencia judicial. Asimismo, se mostró escéptico con respecto al sistema de plazos que marca la ley, apuntando que no sirve para perseguir la corrupción por la complejidad de las investigaciones y por la carencia de medios y la necesidad de auxilio judicial. 

Según Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo y miembro del tribunal que juzga el “procés”, la finalidad del Derecho penal es la de disuadir, y esto se logra con tres factores: la magnitud del castigo, que el castigo se perciba como inevitable y la prontitud de la pena. Señaló que esta última se ha perdido y por eso el Derecho penal tiene menos eficacia. Dijo que hay que ser pragmático en la instrucción de un caso e ir cerrándola en varias piezas para distintos imputados cuando se vayan teniendo suficientes indicios de los delitos.

Ruz enumeró todos los asuntos de los que deben estar pendientes los jueces: declaraciones, comisiones rogatorias, plazos, medidas cautelares… y hacerlo todo en seis meses prorrogables a 18 meses y excepcionalmente a otros 18, y que si no se cumplen esos plazos puede haber consecuencias procesales. “Es preocupante lo que ocurre con los plazos y si las pruebas son válidas una vez transcurrido ese plazo porque se puede generar una suerte de impunidad”. Narró el momento en que el caso Gürtel llegó a su Juzgado en la Audiencia Nacional y los documentos ocupaban dos camiones de mudanza. Hicieron falta hasta 250 informes de Hacienda y solo contó con una persona de auxilio para todo. Para Ruz, Lanzarote tiene “una historia de eficacia frente a una corrupción masiva” pero, por ejemplo, en Murcia se están planteando muchos casos que se pueden ver afectados por esos plazos, que “valen para otro tipo de delincuencia pero no para los casos de corrupción”.

Para Del Moral, la corrupción es un problema del país, no de la casta política, pero la clase política piensa en un horizonte muy corto de solo cuatro años y hay que hacer reformas pensando en los próximos quince años. “Al político no le interesa invertir en justicia”. “O esto cambia o estaremos en el 200 aniversario del nacimiento de César Manrique hablando de lo mismo”. La clave, finalmente, para Pablo Ruz, es la falta de medios ya que los jueces necesitan auxilio de equipos multidisciplinares: “Sin técnicos que nos ayuden a interpretar no tenemos eficacia”, indicó.

La segunda mesa redonda, que cerró las jornadas, se tituló “Alertadores, agencias administrativas independientes y sociedad civil organizada”, moderada por Fernando Jiménez, director de las Jornadas. Alabó la labor, en Lanzarote, de funcionarios que han hecho un papel ejemplar, jueces, fiscales, la propia Fundación o Transparencia Urbanística. Dijo que hay una reforma que corre prisa, que es la protección al denunciante, porque en España se ven sometidos a un aislamiento o a un calvario y eso no incentiva a que la gente denuncie.

Elisa de la Nuez preside la Fundación Hay Derecho, formada por un grupo de juristas que comprobaron que la corrupción era un problema sistémico en las instituciones y organismos reguladores. La Fundación creó unos premios para que la gente que lucha contra la corrupción se sienta apoyada y con el objetivo de “hacer lobby”.

Antonio Penadés, presidente de Acción Cívica contra la corrupción considera que hay una “partidización” de las instituciones, donde los partidos infiltran entre el funcionariado “a los suyos para manejar correctamente la trama”. A su juicio, “los corruptos buscan áreas de impunidad y las están encontrando cada vez más”. Considera que se está perdiendo el reproche social hacia actuaciones corruptas y que hace falta una sociedad civil desarrollada y “una conciencia cívica” para no adormecerse.

La última intervención fue la de Gracia Ballesteros, que narró su experiencia como denunciante del caso Aquamed, una empresa pública en la que trabaja como ingeniera. Aludió al importante coste personal y a la advertencia que le hicieron de lo que iba a pasar. Primero se intenta anular al denunciante y después al testigo. Hay coacciones, difamación, amenazas y después imputaciones por revelación de secretos o prevaricación, en el caso de funcionarios, como así ha ocurrido. Así ocurrió: le ha llegado una citación como investigada por la que dijo no estar preocupada pero que le había provocado la tentación de esconderse. “Los que me quieren destruir tienen grandes herramientas que no tengo yo, pero ni puedo dejar de ser ingeniera ni una pequeña activista contra la corrupción, así que lo volvería a hacer y recomiendo que la gente haga lo correcto, que denuncie”, afirmó ante una sala que la ovacionó largamente.