El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de dar la razón al Ayuntamiento de Arrecife, tras el recurso presentado por el Banco de Santander, lo que supone un ahorro de más de 7 millones de euros a las arcas municipales.
“Es una gran noticia para la ciudad, porque estamos ganando una batalla judicial que amenazaba nuevamente al Ayuntamiento con un quebranto económico por unos contratos bancarios que se firmaron hace 18 años”, según ha puesto de manifiesto la alcaldesa Astrid Pérez.
El Ayuntamiento de Arrecife, que preside Astrid Pérez, ha acogido con satisfacción la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que le da la razón a la corporación municipal, y que supone un ahorro de más de 7 millones de euros a las arcas públicas, cantidad reclamada por el Banco de Santander por la contratación entre los años 2004 y 2009, de los SWAP, unos productos financieros especulativos.
La sentencia de la Sala de Lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, TSJC, del pasado 13 de mayo, desestima el recurso de apelación presentado por el Banco de Santander a otra sentencia que ya había ganado el Ayuntamiento de Arrecife, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el pasado 10 de enero.
“Es una gran noticia para la ciudad, porque estamos ganando una batalla judicial que amenazaba nuevamente al Ayuntamiento con un quebranto económico por unos contratos bancarios que se firmaron hace 18 años”, según ha puesto de manifiesto la alcaldesa Astrid Pérez, que recordó que “es la segunda sentencia de los SWAP que gana el Ayuntamiento de Arrecife bajo mi mandato por pleitos de anteriores grupos de Gobierno”.
El Banco de Santander tuvo que ingresar a finales de octubre de 2019 más de 4 millones de euros en las arcas municipales, después de que la alcaldesa llevase en el mes de julio anterior a pleno la desestimación de las alegaciones presentadas por el banco.
Esta nueva sentencia del TSJC, al igual que la del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Arrecife, desestima las pretensiones del Banco de Santander de reclamar 7.249.182,58 euros al Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial, tras el acuerdo plenario de agosto de 2020 de declarar nulos todos los contratos SWAP firmados con esa entidad financiera, y desestimar cualquier responsabilidad patrimonial extracontractual.
La entidad financiera puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, pero desde los servicios jurídicos municipales se entiende que las posibilidades son nulas si se tiene en cuenta que también el TSJC reconoce en su sentencia, como ya hiciera el Juzgado en primera instancia, que “no se pueden ocultar las prácticas contrarias a la buena fe de la entidad financiera, experta en la materia y, sobre todo, en productos financieros especulativos, obra suya”.
Además, según recoge la argumentación jurídica del TSJC, “la entidad bancaria no puede pretender que es un tercero ajeno con buena fe, cuando según se establece en la sentencia, suscribió en esas condiciones nada menos que un contrato de treinta millones, sin procedimiento de contratación alguno”.
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