Cabildo y Gobierno de Canarias colaborarán para la recuperación del entorno natural del Macizo de Famara

Cabildo y Gobierno de Canarias colaborarán para la recuperación del entorno natural del Macizo de Famara

M.ª Dolores Corujo: “Asistimos a un momento que requiere de nuestro mayor compromiso con todas las actuaciones orientadas a preservar nuestro patrimonio natural y frenar la amenaza que supone el cambio climático”

La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, y el consejero para la Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, suscribirán un convenio que permitirá la puesta en marcha del proyecto experimental de restauración del hábitat en las cumbres de Famara.

En concreto, la Primera Institución insular pondrá a disposición del Ejecutivo Autonómico ocho parcelas de su titularidad para realizar los estudios de campo necesarios, como el análisis del suelo; de las raíces, semillas y esquejes; y de los hongos y bacterias presentes, para la revegetación de las citadas parcelas y, a medio y largo plazo, la recuperación del entorno vegetal y natural del Macizo de Famara.

Además, se realizarán trabajos de campo para obtener planta viva a partir de material seminal oriundo, y su posterior introducción en el medio aplicando técnicas experimentales de plantación e inseminación.

Del mismo modo, se realizarán distintos estudios sobre la composición del suelo para frenar los procesos erosivos en la zona.

María Dolores Corujo ha valorado el respaldo del Ejecutivo Autonómico a una iniciativa “con la que lograremos recuperar una parte fundamental de nuestra biodiversidad en un entorno tan significado para la isla como es el Macizo de Famara”. La presidenta ha considerado, además, que “asistimos a un momento que requiere de nuestro mayor compromiso con todas las actuaciones orientadas a preservar nuestro patrimonio natural y frenar la amenaza que supone el cambio climático sobre los ecosistemas del planeta” ha concluido.

El proyecto tendrá una duración no superior a los dos años. Habrá, además, una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las administraciones, que será el órgano colegiado encargado de resolver las dudas que se puedan plantear durante la evolución del proyecto.