El viceconsejero Gustavo Santana y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, exponen a las confederaciones empresariales las dos convocatorias vigentes para programas con compromiso de contratación por ocho millones de euros hasta 2023 y para la cualificación ‘a la carta’ por valor de casi siete millones en 2002
El viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez, presentaron este viernes a las patronales del Archipiélago las últimas novedades en formación del organismo autónomo con el objetivo de facilitar la presentación del empresariado a las convocatorias vigentes de subvenciones públicas para la necesaria adaptación del mercado laboral.
Precisamente, “la actual oferta del SCE presenta una completa alineación tanto con las estrategias autonómicas de crecimiento económico, diversificación productiva y mejora formativa como con las necesidades expresadas desde las restantes administraciones y agentes socioeconómicos con el objetivo de afrontar un momento clave para la digitalización y la sostenibilidad”, destacó Gustavo Santana tras reunirse con la presidenta de la comisión de formación de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), María de la Salud Gil, y la gerente de la organización homóloga en Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), Elena Vela, entre otras personas representantes de las patronales provinciales.
En concreto, el viceconsejero de Empleo y la directora del SCE detallaron a los responsables empresariales las próximas ayudas por valor de 8 millones de euros para programas formativos con compromiso de contratación, al menos, del 40% de las personas desempleadas que completen las diferentes acciones durante 2022 y 2023, una convocatoria abierta por primera con carácter plurianual (4 millones en cada ejercicio).
Pendiente de publicación en el Boletín Oficial de Canarias, la inminente resolución ya estableció para las empresas y entidades de formación un total de cinco plazos para la presentación de solicitudes en concurrencia competitiva a través de la sede electrónica de la administración autonómica: veinte días desde el anuncio en el BOC y del 15 septiembre al 14 de octubre, para el ejercicio de 2022; entre el 20 de enero y el 28 de febrero, del 10 de mayo al 16 de junio, y 15 de septiembre al 16 de octubre, para el ejercicio de 2023.
Y definió como colectivos desempleados con prioridad para las acciones formativas del catálogo de especialidades del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad, con inclusión obligatoria de materias como inserción laboral, sensibilización medioambiental o igualdad de género, a las personas menores de 30 y mayores de 45 años, paradas y parados de larga duración, ciudadanía con discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género, con un compromiso de contratación para el 40% del alumnado final durante 6 meses como mínimo en caso de jornada completa y de 9 meses a tiempo parcial.
Alrededor de 12.500 personas con cargo al Mecanismo de Recuperación
Además, Gustavo Santana y Dunnia Rodríguez recordaron a las confederaciones empresariales la anterior convocatoria de otras subvenciones por valor de casi siete millones de euros (6.930.261,56 euros) a empresas, agrupaciones empresariales y entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de financiar acciones para la cualificación y recualificación (‘reskilling’ y ‘upskilling’) de la población activa (alrededor de 12.500 personas) en sectores estratégicos y transición ecológica.
Enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, principal estrategia del Gobierno de España para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea (UE) a reparar los daños provocados por la crisis de la COVID-19 a través del instrumento Next Generation EU, la convocatoria vigente fijó de plazo hasta el 9 de junio para presentar proyectos de actualización y adquisición de competencias profesionales o la acreditación de capacidades obtenidas a través de la experiencia laboral, un novedoso sistema para la formación a la carta del personal por parte de empresas y entidades sin fines de lucro.
También en concurrencia competitiva, las nuevas ayudas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) establecieron un máximo de 200.000 euros para empresas (hasta el 33% del importe total del presupuesto disponible) y entidades sin ánimo de lucro (hasta otro 33%) o de 400.000 euros a grupos empresariales (hasta el 33% restante) para el desarrollo hasta final de 2022 de acciones formativas desde 30 hasta 60 horas en modalidad presencial o mixta (presencial y telemática) entre trabajadoras y trabajadores o personas desempleadas, con preferencia para mujeres, menores de 30 años, mayores de 45, ciudadanía con baja o sin cualificación, con discapacidad y colectivos de difícil inserción o vulnerables como parados y paradas de larga duración.
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