La consejera cuantifica en no menos de 200 millones de euros la ficha financiera necesaria para ayudar a las empresas de hostelería, turismo y el comercio y reconoce que será necesario que el Gobierno recurra al endeudamiento público para ayudar al sector.
La consejera de Turismo se reúne con las patronales turísticas de Canarias, FEHT, Ashotel, FTL y Asofuer
La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha mantenido hoy un encuentro sectorial telemático con las cuatro principales patronales turísticas Canarias, FEHT, Ashotel, FTL y Asofuer, con el objeto de valorar la actual situación del sector ante la crisis económica derivada de la pandemia y sus graves consecuencias para el tejido empresarial en Canarias, lo que requiere, según defiende la titular de Turismo, de una actuación rápida y directa por parte de la Administración con el objeto de limitar en lo posible la destrucción de empresas.
Tanto los presidentes de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), Jorge Marichal; el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricúa; la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote FTL y Asolan, Susana Pérez; y el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), Antonio Vicente Hormiga, como la consejera de Turismo, coincidieron en que la situación en la que se encuentra Canarias requiere en términos generales, medidas de apoyo que permitan el mantenimiento de las empresas en tanto no mejore el contexto económico, lo que se prevé no será antes del verano, y condicionado al avance de la campaña de vacunación en las islas y en los principales mercados emisores.
En este sentido, Castilla informó de que su Departamento trabaja en una propuesta de medidas de apoyo a corto plazo para los tres sectores de su competencia (el turismo, incluido la hostelería, el comercio y la industria) que va a elevar al Gobierno teniendo claro que se trataría de ayudas a fondo perdido, cuyo objetivo es mantener el tejido empresarial, apoyando la financiación de gastos de explotación de las empresas afectadas, no sólo por cierre derivado por la paralización de actividad como consecuencia de la pandemia, sino igualmente por caída de cifra de negocio en un porcentaje a determinar superior al 25%.
Estas ayudas, además, no estarían vinculadas a inversiones, como las convocadas en el pasado año, por ejemplo para el sector alojativo, a la vez que se prevé sean más flexibles en cuanto a los requerimientos burocráticos que se pida a las empresas.
La propuesta, que contemplaría el apoyo a todas las empresas, pero con mayor intensidad a pymes y especialmente micropymes, requerirá, según una cuantificación inicial, de una ficha financiera de más de 200 millones de euros, cifra que se ajustaría atendiendo a las diferentes casuísticas de las actividades empresariales sobre las que se va a aplicar las ayudas.
Castilla reconoció que “para que podamos hablar de un auténtico plan de rescate a las empresas y, al empleo que integran, debe estar dotado de un montante suficiente para evitar en lo posible la destrucción de tejido empresarial; si no, no va a servir de nada”.
La consejera de los tres sectores económicos que representan el 60% del PIB canario expresó también que, para afrontar este montante de ayudas de carácter coyuntural, es necesario un trabajo en su conjunto del Gobierno de Canarias, no sólo a través del establecimiento de un procedimiento y criterios homogéneos en las ayudas a los diferentes sectores de la economía canaria, sino también en la respuesta financiera a ese plan, en el que trabaja el Ejecutivo, como es recurrir al endeudamiento.
“Esta operación de endeudamiento debe venir, además, ayudada por recursos propios del presupuesto de la Administración canaria de 2021”, según dijo. Al respecto puso como ejemplo que en el propio presupuesto de su Consejería para el actual ejercicio existen partidas consignadas que pueden convertirse en ayudas directas, como es el caso de los bonos al consumo previstos en los presupuestos del área de Comercio, con una dotación de 3,6 millones de euros.
Castilla también se posicionó en la necesidad de insistir ante el Estado en que asuma parte de la financiación de este plan de ayudas directas al sector, en consonancia con un compromiso formulado por el Gobierno español con Canarias, que se entiende no se ha cumplido.
De acuerdo con los cálculos expuestos hoy por la consejera, conforme a los últimos datos publicados por el ISTAC, Canarias arrastra una clara degradación del tejido empresarial y el empleo cuantificado en la desaparición entre diciembre de 2019 y el pasado mes de noviembre de 3.633 empresas, de las que el 25,5% pertenecen al sector del comercio, el 20,9%, al de la hostelería y el 20,3% son empresas de transporte. Estos tres sectores acaparan cerca del 70% de la caída del número de empresas dadas de alta en la Seguridad Social, así como el 84% de las pérdidas de afiliados a la Seguridad Social, según datos de diciembre de 2020 en relación al mismo mes de 2019.
Se trata, según explicaciones de Yaiza Castilla, “de un problema que apunta a su agudización a lo largo del primer cuatrimestre de 2021 ante las casi nulas expectativas de recuperación del turismo para lo que queda de esta temporada de invierno, como consecuencia de las restricciones a la movilidad que se han puesto en marcha, tanto en los países emisores de turismo, como a nivel local, ante la evolución de la pandemia y la implicación que ello tiene en la economía. En este sentido, las estimaciones que maneja la Consejería apuntan para la primera mitad del año a una pérdida del 35% del tejido empresarial canario que existía a principios de 2020.
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