Ya sabemos que “la cultura es un bien de primera necesidad”, que “es fuente de empleo y de riqueza”, que “hay que proteger a los sectores de la cultura para que nadie se quede atrás”, que “es necesario un gran Pacto de Estado para proteger a la cultura” y que las “Comunidades Autónomas y los ayuntamientos tienen un papel decisivo en la defensa de la plural y rica cultura común”.
Un conjunto de proclamas institucionales bienintencionadas que no han cesado desde el inicio de la pandemia y que dejan poco margen al desacuerdo pero que, al mismo tiempo, trasladan un inequívoco aroma de artificio buenista y ausencia de compromiso político concreto.
A excepción de algunos planes de emergencia dirigidos a los sectores culturales y creativos en las primeras semanas del Estado de alarma, unos más efectivos que otros, a la mayoría de las administraciones públicas de las islas le está costando pasar del plano de lo declarativo al de las políticas y proyectos concretos orientados a movilizar los recursos culturales a favor de la reconstrucción social y económica del país en un sentido más equitativo, solidario y sostenible.
En este contexto retóricamente brumoso, destaca por su claridad el acuerdo adoptado por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del pasado día 25 de junio (del que prácticamente no existe rastro en los medios) por el que la corporación municipal se compromete a “duplicar el número de ocupados actuales” en los sectores culturales y creativos de Las Palmas de Gran Canaria en “un horizonte medio de cinco años” y para ello acuerda incrementar el presupuesto de cultura “hasta alcanzar el mínimo básico del 5% en el gasto total del Ayuntamiento”.
Un ejercicio de racionalidad instrumental rara avis que contribuye a la construcción consensuada de una política cultural proyectiva capaz de articular las posibilidades de desarrollo de la ciudad en aspectos tan relevantes como su vertebración simbólica, la cohesión social, el crecimiento económico y la calidad de vida de las ciudadanas y ciudadanos en aspectos tan vitales como sus posibilidades de desarrollo integral personal a través de las capacidades expresivas o estéticas de la práctica o el consumo cultural.
Nuevo modelo económico
Aunque barajamos datos de 2018, en estos momentos podemos estimar que en Las Palmas de Gran Canaria hay más de 7.000 personas ocupadas en los sectores culturales y creativos.
Duplicar esta cifra en cinco años, como propone la resolución del Ayuntamiento, supone alcanzar aproximadamente las 15.000 personas ocupadas en el año 2025 y el 7% del empleo total del municipio. Esto, por sí mismo, significaría una transformación radical del modelo económico de la ciudad en términos de incremento de la productividad, de generación de valor añadido, de creación de empleo de calidad, de aparición de nuevos modelos empresariales y de impulso a la capacidad de innovación.
Pero además de estos efectos estructurantes a medio y largo plazo, es razonable esperar de las políticas de generación de empleo en el sector cultural y creativo resultados en relativamente poco tiempo.
Algunos datos avalan esta posibilidad. Por un lado, el empleo en el sector se viene comportando durante los últimos años mejor que en la media de la economía del municipio, creciendo un 22% en poco más de seis años, describiendo así un sector de probada resiliencia ante las crisis. Por otro lado, la existencia en nuestra ciudad de una importante cohorte de mujeres y hombres, jóvenes en su mayoría, infrautilizados o subempleados, formados en los campos de las humanidades, la cultura, la creatividad y la innovación, constituye un valioso fondo de capital humano cuya activación necesita de menores tasas de inversión inicial y, por lo tanto, demanda menos musculatura financiera al Ayuntamiento y a sus eventuales socios. Todas las evidencias apuntan a que el “ejército de reserva” de la cultura requiere estímulos relativamente moderados, en términos comparativos, ya que las trabajadoras y trabajadores están dispuestos a aceptar salarios inferiores a los que corresponden a sus niveles de formación y las empresas, rentabilidades por debajo de la media o de lo que es habitual en la economía.
En conjunto los sectores culturales y creativos son más rápidos, elásticos y reactivos ante los incentivos, siempre que las barreras burocráticas y de gestión no sean insalvables. Políticas factibles para un aquí y ahora pero que no se extravían en el aquí y ahora. En las actuales circunstancias vincular las intervenciones de emergencia (con impactos perceptibles y evaluables a corto plazo) con estrategias de transformación estructural de nuestro fallido modelo social y económico, es lo mínimo que se le puede exigir a una acción pública que no se conforma con girar eternamente persiguiéndose la cola.
Concreción y rigor Pero, además, el Ayuntamiento y la ciudad cuentan con el complemento de un potente y sofisticado arsenal de acciones concertadas que hacen del objetivo “15.000 en 2025” una meta alcanzable en los términos y los plazos pactados. El Acuerdo por la Cultura, aprobado por el Consejo Sectorial de Cultura de la ciudad, es una hoja de ruta estratégica integrada por 32 actuaciones desarrolladas con un alto grado de concreción y rigor técnico.
Las acciones incluyen desde medidas de estímulo de la demanda de bienes y servicios artísticos, culturales y creativos tanto por parte de la ciudadanía como de las empresas y la propia administración, hasta programas dirigidos a la densificación del ecosistema empresarial, a la retención de talento, y a la incentivación de la fusión de estructuras empresariales y mejora de escala para los sectores culturales y creativos. Otras acciones contemplan el fortalecimiento del protagonismo cultural de las mujeres (cuya potencia como agentes y usuarias es decisiva en la dinámica cultural y creativa de la ciudad), las alianzas con los sistemas educativos, sociosanitario y de innovación locales, la reorientación de la acción cultural municipal hacia las fases de la cadena de valor cultural más intensivas en la generación de valor añadido y la promoción del empleo juvenil en las industrias culturales y creativas en colaboración con el Servicio Canario de Empleo.
Un conjunto de medidas plausibles que se esfuerzan por leer la realidad para ampliar sus posibilidades y no para claudicar antes sus límites. Ante tanta palabra vacía y tanta esterilidad política, ¿podría representar el precedente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un estímulo práctico que permitiera trasladar y escalar el acuerdo a otros niveles de la administración y del territorio? Y si así fuera, ¿sería impensable fijarnos –el sector cultural, la sociedad y las administraciones canarias- la misión colectiva de alcanzar las 60.000 trabajadoras y trabajadores culturales y creativos en 2025? ¿Nos atrevemos a dar pasos concretos en la dirección de un modelo de desarrollo basado en la cultura y la creatividad que reduzca el dependentismo crónico que nos desarma económica, política y culturalmente para responder a esta crisis y a las que inevitablemente vendrán?
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